• Es la primera vez que se realiza un allanamiento por un delito ambiental en la capital.
• Más de 50.000 metros cúbicos de material de demolición y construcción además de residuos como llantas, ladrillos, madera, tubos, empaques, plástico y asbesto habían sido depositados de manera ilegal en este lugar.

Bogotá, noviembre 14 de 2017. La administración del alcalde Enrique Peñalosa, en conjunto con la línea Investigativa de Delitos Contra la Biodiversidad y Salud Pública de la SIJÍN, realizaron en las últimas horas el allanamiento de un predio que estaba siendo utilizado para la disposición ilegal de residuos de construcción, demolición (RCD) y demás materiales. La cantidad de material acumulado formó una montaña de escombros que estaba poniendo en riesgo a la comunidad del barrio Santa Cecilia ante posibles deslizamientos y problemas de salud por la acumulación de residuos peligrosos. Al lugar se le impuso medida preventiva y fue sellado.

Durante el operativo se logró la captura de dos personas, una de ellas es el presunto administrador del predio y el otro es el conductor de una volqueta quien fue sorprendido en flagrancia disponiendo ilegalmente este tipo de residuos. 

¿Luego de varios intentos por entrar al lugar, de recibir amenazas e intimidaciones con arma de fuego y de un largo trabajo de investigación, el Distrito logró ingresar a este predio por medio de una orden expedida por la Fiscalía 205 seccional de Bogotá, lo que permitió frenar este delito y detener la contaminación del suelo que se venía realizando en esta zona de Bogotá¿, señaló Oscar López, Director de Control Ambiental. 

La Secretaría de Ambiente inició el levantamiento topográfico para determinar la ruta de trabajo para la recuperación del lugar, asimismo iniciará el proceso sancionatorio ambiental correspondiente el cual puede terminar en multas de hasta 3.600 millones de pesos. 

Por último, la autoridad ambiental del Distrito compartirá las pruebas de este delito a la Fiscalía General de la Nación para que inicie los respectivos procesos judiciales los cuales pueden terminar en penas entre 55 y 112 meses de prisión y multas de hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.