La Secretaría Distrital de Ambiente denunció a varias personas que se hacían pasar por funcionarios de la entidad para agilizar los manejos del arbolado en la capital.

Bogotá, septiembre 10 de 2018. La administración del alcalde Enrique Peñalosa, impulsó una serie de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta suplantación que venían adelantando falsos funcionarios y tramitadores ante la Secretaría Distrital de Ambiente para agilizar permisos ambientales en la capital.

Se trata de una empresa que estaría ofreciendo a la ciudadanía adelantar en un tiempo récord los tramites y permisos para la tala y poda del arbolado en diferentes zonas de Bogotá.  Al respecto, el subsecretario de Ambiente, Óscar López aseguró que ¿Estamos recopilando todas las pruebas para que se pueda dar con el paradero de estas personas inescrupulosas que aprovechan la ingenuidad de las personas para estafarlos¿. 

La Alcaldía Mayor de Bogotá reitera que los únicos que pueden emitir conceptos para el manejo del arbolado en la capital, en espacio público o privado, son los ingenieros forestales de la Secretaría de ambiente. Igualmente, se le recomienda a la ciudadanía acercarse a la oficina de atención al ciudadano de la Secretaría para recibir la orientación respectiva y así evitar engaños o estafas.

 

Otros casos

Meses atrás, se puso en conocimiento de las autoridades el caso de dos extorsionistas que se hacían pasar por funcionarios de la Secretaría de Ambiente para exigir dinero a cambio de evitar comparendos ambientales por disposición ilegal de escombros y material de construcción en espacio público. La oportuna acción de la Policía permitió la captura de estas personas y su posterior legalización ante un juez de la República.

Los falsos funcionarios operaban en varias localidades del sur y occidente de la capital, quienes dejaban, por debajo de las puertas de viviendas, locales comerciales y bodegas, avisos de la imposición de multas a nombre de la Secretaría de Ambiente. La misiva estaba acompañada de un número telefónico de contacto para posteriormente negociar, con un supuesto inspector de obras, el pago de una suma de dinero a cambio de no imponer la sanción equivalente a un comparendo ambiental.

La investigación de las autoridades logró establecer que una vez contactada la víctima, los falsos funcionarios exigían la consignación de un giro por un valor que oscilaba entre los 500 mil pesos y hasta un millón, para evitar el pago de una multa por tres millones y medio de pesos.